Empresas internacionales han aterrizado en los vastos terrenos petroleros del país en los últimos años tras la reforma energética de 2014 que abrió el sector a la inversión privada por primera vez en casi ocho décadas. El nuevo gobierno de López Obrador ha criticado la reforma, exigió a las petroleras que se adjudicaron bloques en rondas de licitación que inviertan y produzcan crudo más rápido y suspendió las subastas hasta que las firmas muestren resultados.
El cambio político pone presión a las compañías que ya están operando en aguas profundas y someras de México e incrementó la demanda de 'farm-ins' o compras de participaciones en activos petroleros de empresas privadas en el país.
