Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias
Hermosillo, Sonora (IN).- La lucha social es criminalizada, hostigada y perseguida en Sonora desde antes de la Independencia de México.
Las etnias
En Sonora, las tribus Yaqui, Seri, Mayo, Guarijía y Pápago enfrentaron la furia del Gobierno de la República desde la llegada de los españoles en 1521.
Y durante más de 400 años.
La huelga de Cananea
En 1906, un grupo de valerosos mineros mineros de Cananea, cansados de la explotación laboral y las peligrosas condiciones de inseguridad en la mina, estallaron la huelga.
La represión del poder político y económico no se hizo esperar y lanzó su enojo contra la lucha social que representó la cuna de la Revolución Mexicana.
Los cristeros
Durante y después de las leyes de Reforma, la persecución, represión, encarcelamiento y muerte de centenares de mexicanos en la Guerra Cristera, mostró el poder desde el ángulo religioso, filosófico, político e ideológico en México.
Tlatelolco
El 2 de octubre de 1968, la furia del Estado mexicano bajo la influencia del poder político y económico de Estados Unidos y su brazo ejecutor en la CIA, Tlatelolco se tiñó de rojo con más de 300 muertes.
Aunque el Gobierno asegura que sólo 20 jóvenes universitarios "rebeldes" murieron.
SIRM
En Sonora, el 23 de octubre de 1975 se registró la llamada "matanza de San Ignacio Río Muerto".
El poder de los agrotitanes y terratenientes compró la fuerza pública que intentó despojar un predio invadido, causando la muerte de 7 humildes campesinos que peleaban por un trozo de tierra para sobrevivir.
Ante esta matanza que involucra a policías estatales e incluso a militares, el entonces gobernador Carlos Armando Biébrich renunció a su cargo.
En esta historia no hay víctimas ni héroes, sólo hay siete tumbas en el cementerio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.
Las tumbas recuerdan la lucha de un grupo de campesinos pobres por un pedazo de tierra.
Las víctimas son Juan de Dios Terán Enríquez, Rogelio Robles Ruiz, Benjamín Robles Ruiz, Rafael López Vizcarra, Miguel Gutiérrez L., Enrique Félix Flores y Gildardo Gil Ochoa.
Los posesionarios
Desde el 2003, un grupo de posesionarios de terrenos al margen de la presa "Abelardo L. Rodríguez, siguen padeciendo el abuso de poder.
Por más de 20 años han luchado pir su derecho a no ser despojados ni desalojados de las tierras codiciadas por la familia Coppel-Lemnenmeyer.
Cientos de policías estatales y municipales de Hermosillo, han sido utilizados para intimidar, perseguir y detener a los líderes sociales que defienden su predio en el sector de Las Amapolas.
Los guardias
Desde el 2003, inició la lucha por los derechos laborales de los guardias de seguridad privada continúa.
Luego de lograr una Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora, esta no se aplica.
El líder social y sindical Claudio Huidobro Cárdenas aún exige se cumpla con la ley, sin ser escuchado.
La radiación
Desde el 2007, la familia Ríos Fimbres ha denunciado radiación en su vivienda y en la colonia Altares, al Sur de Hermosillo.
La familia de 5 integrantes presenta cáncer y varias enfermedades en su cuerpo por la exposición al material radiactivo presente en las varillas contamidas por Cobalto 60 con la que se construyó su casa.
Tras 16 años de lucha, el Gobierno del Estado y Federación los siguen ignorando.
Desde Bours y Calderón, hasta Alfonso Durazo y López Obrador.
La Sección 65
El 31 de julio del 2007, el líder Sergio Tolano Lizárraga y los mineros de la Sección 65 estalllaron la huelga de Cananea.
La represión, persecución y hostigamiento del dueño de "Buenavista del Cobre", Germán Larrea, y del Gobierno federal con Felipe Calderón como presidente de México, no se hicieron esperar.
En enero del 2008, más de mil policías federales fueron utilizados para sofocar la huelga y detener a los líderes mineros de Cananea.
La acción se repitió en menor nivel del 2009 al 2023.
Este año en el bloqueo de la carretera Ímuris-Cananea con el arribo de decenas de policías estatales y elementos de la Guardia Nacional a la Ciudad del Cobre.
Simultáneamente, mineros de Caborca bloquearon la carretera internacional para exigir libertad sindical.
La lucha de los mineros de Cananea continúa en el Zócalo capitalino frente a Palacio Nacional, junto a los compañeros de Taxco y Sombrerete.
El Acueducto
El 2009, un grupo de opositores al Acueducto Independencia, sintió la furia y persecución del Gobierno del Estado y la Federación al salir a protestar a las calles de Ciudad Obregón.
El movimiento social fue "No al Novillo".
Las protestas se extendieron a bloqueos carreteros y Palacio de Gobierno.
Cientos de policías estatales fueron utilizados por el gobernador Guillermo Padrés para sofocar la lucha social.
San Antonio
El 2012, en la mina de San Antonio, Municipio de Soyopa, más de 100 policías estatales irrumpieron la paz del pueblo para someter y detener a mineros que luchaban por sus derechos de tierra y a una renta que no se les pagó.
ABC
El 2009, tras la tragedia de la Guardería ABC, familiares de los 49 niños que perdieron la vida, denunciaron abusos de autoridad.
Periodistas que cubrieron los hechos trágicos, han recibido amenazas y sufrido hostigamiento oficial a la fecha.
Durante el gobierno de Eduardo Bours la represión se acentuó.
Los yaquis
Del 2010 al 2023, la lucha de los integrantes de la Tribu Yaqui por el derecho de vía y derecho al agua, es otro claro ejemplo de represión oficial.
Por luchar además contra la invasión, construcción y cruce del gasoducto por tierra yaqui, Mario Luna y otros integrantes de la etnia sonorense fueron perseguidos, detenidos, encarcelados y exiliados y autoexiliados de México.
Otros perdieron la vida en extrañas y no claras situaciones.
El derrame
El 2014, tras el peor derrame tóxico en la historia de México en el Río Sonora, habitantes de la región se levantaron contra el criminal daño ecológico y apatía del Gobierno del Estado y federal.
La persecución y represión oficial, bajo la influencia del poder económico de Grupo México, no se hizo esperar.
Los líderes sociales fueron víctimas de acoso, despidos, amenazas, censuras y detenciones.
Los periodistas
El 2019, en el gobierno de Claudia Pavlovich, varios periodistas sufrieron atentados y agresiones por denunciar corrupción en el Gobierno del Estado, Municipales y federal.
Al menos 10 fueron asesinados por decir y escribir la verdad en Sonora.
Todas las agresiones a periodistas siguen impunes.
En julio del 2020, los periodistas Marco Duarte y Miguel Valdez fueron encarcelados por denunciar corrupción en el Gobierno Municipal de Ciudad Obregón.
A un año lograron la libertad absueltos.
Una de las medidas reparatorias del daño fue la disculpa pública a los dos agentes del Ministerio Público de los Sectores 1 y 2 adscritos a Ciudad Obregón.
La lucha legal por restituir sus derechos continúa en un proceso judicial que parece no avanzar y una justicia lenta dentro de los aparatos de procuración y administración de justicia que exhiben la falla sistémica del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos.
Hoy, con su libertad y su nombre limpio, Marco y Miguel aún esperan el resto de los actos de reparación del daño por parte de las autoridades municipales y ministeriales involucradas en estos hechos de corrupción y tráfico de influencias que no terminan de ocurrir contra ciudadanos de bien en Sonora.
El libre tránsito
La represión y la criminalización de la lucha social en Sonora, continuó con el nacimiento del Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora (MLT).
En enero del 2017, Alfonso Canaan Castaños y un grupo de activistas tomaron la caseta de cobro en Hermosillo.
La lucha social inició contra el cobro de peaje en la carretera Cuatro Carriles luego de expirar la concesión asignada a poderosos empresarios sonorenses gracias al tráfico de influencias en México.
Por esta lucha, Canaan Castaños fue perseguido, detenido y encarcelado.
Varios integrantes de esta lucha social sufrieron las mismas consecuencias los últimos 6 años.
Apenas hace 20 días la represión, persecución y hostigamiento, se repitieron en la caseta de cobro de Hermosillo.
Esta lucha se mantiene vigente en lo jurídico, en tanto 5 de los activistas detenidos ya fueron liberados por los Juzgados federales.
La CEDH
Desde marzo del 2021 a la fecha, el presidente de la CEDH Sonora ha despedido a más de 40 empleados de manera imegal, injusta e injustificada.
Este acto ilegal y de corrupción sigue en total impunidad ante un Congreso y Gobierno permisivos y ausentes.
La Santísima Trinidad
Recientemente, en junio pasado, decenas de policías estatales y municipales desplegaron un operativo para desalojar de un predio del Sur de Hermosillo a una población yaqui.
"La Santísima Trinidad" es una comunidad de 300 yaquis entre niños, niñas, adolescentes, adultos y ancianos que sobreviven sin agua, alimento ni energía eléctrica.
Esta comunidad se encuentra a 300 metros de la colonia Haciendas fel Sur, en la capital de Sonora.
Las otras luchas
Decenas de protestas por la falta de viviendas en Hermosillo han sido sofocadas en Palacio Municipal y alrededores.
Desde el 2020 a la fecha, la lucha de un grupo de jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, ha sido reprimida y limitada por la fuerza pública.
En julio, un grupo de "carperos" fue desalojado del área de palapas en la playa de Bahía de Kino.
Un centenar de policías municipales de Hermosillo encabezaron este desalojo de mujeres y jóvenes que cobraban la entrada a los baños.
Dede julio, un grupo de maestros jubilados y pensionados protesta por el cobro del ISR por parte del Issteson.
Al momento, sus demandas y exigencias no han sido atendidas.
La Unión de Usuarios
Durante el 2022 y a la fecha, la Unión de Usuarios de Hermosillo, elevó su protesta contra los excesivos cobros de energía eléctrica en Sonora.
En la defensa y mediación ante la Comisión Federal de Electricidad, Ignacio Peinado Luna fue demandado penalmente por la empresa ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Según la CFE, la acusación es por "sabotaje y delitos contra el consumo y la riqueza nacional".
Dichos delitos fabricados por la CFE nunca existieron.
Ello fue por los plantones realizados por la Unión de Usuarios de Hermosillo
el año pasado.
Peinado Luna lamentó que luego de que la FGR determinara que no hay delito qué perseguir, la CFE impugnó la resolución para dañar y erradicar la lucha social contra las altas tarifas de energía eléctrica en Sonora.
La acusación de la CFE es por sabotaje y delitos contra el consumo y la riqueza nacional contra Ignacio Peinado y varios usuarios manifestantes de Hermosillo.
La persecución
Sin embargo, "el tema de fondo es la persecución y que no solamente no cumplen sus palabras, sino que quieren vernos en la cárcel".
Nacho Peinado cuestionó "¿con qué objeto?, pues sólo van a desestabilizar la lucha social”.
Dijo que "por la vía jurídica, desde el año pasado se ha dado la batalla por nuestra defensa, luego de que se nos imputaran delitos por las manifestaciones del año pasado".
Sin embargo, "ya que la FGR determinó que no había delitos qué perseguir, a principios de agosto la CFE impugna sobre este resultado“.
De ahí se deriva la escalada de persecuciones y hostigamientos de los directivos y gerentes de la CFE Sonora.
La represión
Históricamente, la lucha social ha sido reprimida por el Gobierno en la defensa de los intereses de unos cuantos empresarios y políticos poderosos que comprueban que la ley y la justicia, sólo favorecen a quienes las compran en México.
Y las compran, procuran y administran, con el dinero que la sociedad pone en sus manos para hacerse cada vez más ricos y poderosos.
En Sonora, la persecución y represión contra los líderes sociales, está a la orden del día y como dice la canción de "El Reportero" de Los Tigres del Norte:
"Si no lo encierran, lo matan".
