La denuncia que presentó el ciudadano Miguel Ángel Armenta Ramírez, no tiene los elementos probatorios suficientes.
Hermosillo, Son.- No habrá procedimiento de juicio político en contra de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, ex presidente municipal de Hermosillo; así lo resolvió, por mayoría, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al no actualizarse la realización de la conducta establecida en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley de Responsabilidades.
Dicha disposición establece los actos u omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, entre ellos cualquier infracción a la Constitución Política local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios de sus municipios, o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.
El presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, diputado Jesús Alonso Montes Piña, explicó que el dictamen va en razón de la denuncia que presentó el ciudadano Miguel Ángel Armenta Ramírez, la cual en este momento no tiene los elementos probatorios suficientes.
Montes Piña fue puntual al aclarar que “los diputados de la comisión no estamos diciendo que el ex presidente de Hermosillo no haya cometido algún desfalco o un quebranto a la hacienda del Municipio, estamos diciendo que los elementos que presentó el acusador no están todavía sustentados en tales pruebas y no somos nosotros quienes vamos a exonerar al ex presidente”, aseveró.
Armenta Ramírez presentó la solicitud el pasado 8 de noviembre, para que esta Soberanía iniciara procedimiento de juicio político en contra del ex alcalde de Hermosillo por supuestamente haber cometido conductas establecidas en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley Estatal de Responsabilidades. Señaló que con el refinanciamiento obtenido por el Ayuntamiento de la capital durante la administración anterior se produjo un quebranto a la hacienda municipal.
El promovente, quien ratificó la denuncia ante la comisión el pasado 5 de diciembre, acompañó a su escrito como medios probatorios el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación, con clave de Auditoría Cumplimiento Financiero con Enfoque en Desempeño: 2017-D-26030-16-1374-2018, del año 2017; el Decreto número 23, aprobado por la LXI Legislatura el 10 de diciembre de 2015 y el Decreto número 104.
El Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales explicó que en el compendio de pruebas contenidas en el expediente que fue analizado por los nueve integrantes no hay elementos firmes para iniciar juicio político.
“Desafortunadamente, bien lo decía alguno de los compañeros, se adelantaron a la denuncia; debieron haber esperado al término de las auditorías para que fuera el resolutivo definitorio el que nos diera la posibilidad de tener los elementos suficientes para fincar responsabilidades”, afirmó el diputado Montes Piña.
En el proyecto de dictamen destaca que la Auditoría Superior de la Federación emitió una serie de conclusiones, recomendaciones y un pliego de observaciones apegadas al análisis realizado a la deuda pública del Ayuntamiento de Hermosillo, donde se señala se pueden presumir probables daños a la Hacienda Pública Federal, en el proceso de contratación de la reestructura aprobada por el Poder Legislativo en los decretos 23 y 104.
También señala que se le dé vista al órgano de control interno del Ayuntamiento de Hermosillo, para que realice las investigaciones correspondientes y, en caso de haber elementos, inicie el procedimiento administrativo por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que las contrataciones de financiamientos se realizaron de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Esto significa que no existe definitividad respecto a un posible quebranto en contra de la Hacienda Municipal de Hermosillo, debido a que no hay una conclusión respecto a las investigaciones correspondientes; no hay una resolución del órgano de control interno del Ayuntamiento que arroje que el ciudadano al que se busca fincar una responsabilidad política, por supuestamente haber cometido las conductas señaladas en la fracción VI del Artículo 270 de la Ley de Responsabilidades, leyó el diputado Montes Piña.
En la discusión del proyecto de dictamen hicieron uso de la voz los diputados María Dolores Del Río Sánchez, Jesús Eduardo Urbina Lucero, Héctor Raúl Castelo Montaño, Nitzia Corina Gradías Ahumada, María Magdalena Uribe Peña y Jorge Villaescusa Aguayo.
Del Río Sánchez dijo que como Legislatura pueden iniciar un procedimiento, igual que lo hace el ISAF, como lo debe hacer la Contraloría, la Fiscalía Anticorrupción y como lo propone la Auditoría Superior de la Federación, ya que es parte de sus facultades, además de que iniciar un procedimiento no hace culpable a nadie, y este Poder sentaría un precedente.
El diputado Urbina Lucero indicó que el Acuerdo de la comisión implica que no tienen los elementos suficientes para iniciar el procedimiento contra el ex alcalde, lo cual no significa que no haya un funcionario público responsable, pues la ASF es clara al decir que hubo un uso indebido de funciones, por lo que se pronunció a favor de que sea la autoridad municipal la que acelere los procedimientos de investigación.
Una denuncia adelantada y a la que le falta sustento es la que analizaron, consideró el diputado Castelo Montaño, quien llamó a no convertir el Congreso del Estado en un instrumento de persecución política, sino legal; a no actuar a favor de la impunidad pero tampoco a favor de alimentar el linchamiento político.
La diputada Gradías Ahumada afirmó que el dictamen no va en relación al fondo sino a la forma, ya que la ASF no ha terminado su proceso, no ha concluido el tiempo de solventación de la información y no se han determinado responsabilidades, por ese motivo adelantó que su voto sería a favor del dictamen.
No puede iniciar un procedimiento de juicio político sin sustento probatorio y por respeto a la presunción de inocencia, sostuvo la diputada Uribe Peña, ya que según su punto de vista se necesitan pruebas que acrediten plenamente una conducta y una probable responsabilidad del acusado.
El diputado Villaescusa Aguayo se manifestó a favor de que se fortalezcan los procedimientos administrativos y los penales, pero que se concluyan en las instancias correspondientes, de manera que como servidores públicos pueden hacer lo que la Ley les permite, y sí es un acto de responsabilidad y profesional esperar los periodos en que se solventen las observaciones, y sean los órganos jurisdiccionales quienes concluyan las investigaciones.
