La Cámara de Diputados de México aprobó hoy, miércoles, una serie de reformas en favor de los migrantes, principalmente centroamericanos, en materia jurídica.
Los legisladores, durante el periodo ordinario de sesionesl, avalaron en primera instancia una reforma para que cualquier funcionario migratorio que intente violar alguno de los derechos humanos de los documentados, podrán ser destituidos e inhabilitados de sus cargos.
Otro de los proyectos aprobados fue el establecer claramente las facultades de control, verificación y revisión del Instituto Nacional de Migración, y puntualizar que su labor no es ministerial, policial ni de investigación de denuncias penales, lo que compete al Ministerio Publico.
En tanto que el tercer dictamen, y con visto bueno de los diputados, prevé que los migrantes sujetos a procedimientos legales, tengan derecho a un abogado, a fin de que permita garantizar el acceso a los derechos de los migrantes, y ejercer una defensa eficaz y en condiciones de igualdad.
De igual forma, en el caso de procesos jurídicos contra migrantes se deberán observar los derechos que establece la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y se facultará al Instituto Federal de la Defensoría Pública, para brindar orientación legal y jurídica gratuita a los migrantes que lo requieran dentro de las estaciones migratorias, sea de manera presencial o vía telefónica.
Desde octubre pasado aumentó el número de centroamericanos que recorren el territorio mexicano en busca de cruzar ilegalmente Estados Unidos.
Miles de ellos, lo hacen ahora en masivas caravanas, una próxima en las próximas semanas, algo inusual, pero que se da con más frecuencia desde que llegó a la Casa Blanca el magnate estadounidense Donald Trump, quien desde campaña amenaza con recrudecer sus políticas migratorias, incluyendo su deseo de construir un muro en la larga frontera entre EE.UU y México.
En febrero pasado Trump declaró una emergencia nacional en busca de obtener los fondos que el Congreso le ha negado para la obra.
Más recientemente ha amenazado con cerrar la frontera, a fin de contener el flujo migratorio irregular.
En tanto, la Secretaría de Gobernación (Interior) de México se comprometió a establecerá un plan en el sureste del país para contener el creciente movimiento de indocumentados centroamericanos, señalando que muchos de ellos son traficados por criminales que aprovechan la porosa frontera de México con Guatemala.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México ha denunciado en el pasado, y antes de la llegada, del 1 de diciembre del nuevo gobierno, que México cuenta con una dura política migratoria con los centroamericanos, además de contar con un sistema de detenciones y deportaciones similar a la que cuestiona en el gobierno de Estados Unidos.
