- El repunte del crudo por la crisis en Medio Oriente obliga a Hacienda a reactivar el IEPS, mientras analistas advierten riesgos fiscales y el gobierno explora una alianza entre Pemex y Petrobras para compensar rezagos estructurales.
La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de reactivar los estímulos al IEPS en combustibles revela un delicado equilibrio: contener el impacto inflacionario sin agravar el deterioro fiscal. La medida responde a un entorno internacional adverso, marcado por el repunte del petróleo tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y la posible intervención de Estados Unidos.
Para la última semana de marzo, los estímulos alcanzan 24% para la gasolina magna, 7.5% para la premium y 62% para el diésel, lo que implica una renuncia recaudatoria relevante. En términos prácticos, el gobierno está absorbiendo parte del alza internacional para evitar que el consumidor enfrente un “gasolinazo”, trasladando el costo a las finanzas públicas.
Ernesto Madrid
Analistas coinciden en que, bajo el escenario actual, el efecto podría ser neutral en el papel: el alza en los precios del crudo generaría ingresos petroleros extraordinarios que compensarían el subsidio. Sin embargo, la realidad es más frágil. La sensibilidad de los ingresos a los precios internacionales es menor a la estimada oficialmente, mientras que el costo de importar combustibles —México depende de importaciones para cerca de la mitad de las gasolinas— presiona al alza el gasto fiscal.
El mercado energético global añade incertidumbre. El crudo Brent crude oil superó los 100 dólares por barril ante el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente, con Irán endureciendo su control sobre el Estrecho de Ormuz y Washington evaluando un despliegue militar. Este contexto no solo eleva los precios, sino que fortalece al dólar y encarece aún más las importaciones mexicanas.
Frente a este panorama, la estrategia de Hacienda parece apostar por un esquema de costos compartidos: parte del impacto sería absorbido por el sector gasolinero, que en 2025 operó con márgenes amplios gracias a precios internacionales bajos y un tipo de cambio favorable. No obstante, este supuesto enfrenta límites en un entorno de alta volatilidad.
Los riesgos son claros: una prolongación del conflicto, una depreciación del peso o una menor capacidad del sector privado para absorber costos podrían romper la neutralidad fiscal y presionar aún más una deuda pública creciente advierte un análisis de Banamex.
En paralelo, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca una salida estructural al rezago energético. La posible alianza entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras apunta a fortalecer capacidades en aguas profundas y biocombustibles, áreas donde México mantiene un rezago frente a mercados como el estadounidense, que produce cerca de 2 millones de barriles diarios en el Golfo.
El eventual acuerdo podría aportar tecnología, técnica y diversificación energética —especialmente en etanol— a una empresa mexicana altamente endeudada y con limitaciones operativas. Sin embargo, también implicaría un giro en la política energética reciente, marcada por la suspensión de asociaciones privadas en exploración.
Así, mientras el IEPS funciona como amortiguador de corto plazo, la viabilidad del sector energético mexicano dependerá de decisiones de fondo: desde la apertura a nuevas alianzas hasta la capacidad de Pemex para reinventarse en un mercado global cada vez más volátil y geopolíticamente condicionado.
@JErnestoMadrid
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