- El gobierno anuncia una inversión de 5.6 billones de pesos ligada al Plan México, pero sin resultados previos, sin productividad y con un crecimiento estancado, la apuesta luce más reactiva que estratégica.
El gobierno federal presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar como el principal brazo operativo del Plan México, la estrategia económica insignia de la administración de Claudia Sheinbaum. El anuncio, encabezado por el secretario de Hacienda, Édgar Amador, contempla 5.6 billones de pesos en inversión pública y mixta entre 2026 y 2030, con la promesa de elevar el crecimiento económico hasta 3% anual.
Ernesto Madrid
El problema no es el monto. El problema es el momento y el contexto: el plan nace cuando el Plan México no ha mostrado avances verificables, no ha elevado la productividad, no ha detonado inversión privada y no ha corregido el estancamiento económico.
A un año de su anuncio, el Plan México carece de indicadores claros de éxito. México cayó al lugar 13 entre las economías más grandes del mundo, se alejó de la meta del top 10 y cerró 2025 con un crecimiento de apenas 0.7%, el más bajo desde la pandemia. Para 2026, el Banco Mundial estima un crecimiento de 1.3%, muy lejos del umbral necesario para cambiar la trayectoria del país.
En este contexto, el plan de infraestructura no parece el resultado de una estrategia que avanza, sino un intento por reanimar un proyecto económico que no ha entregado resultados.
La narrativa oficial insiste en que la infraestructura detonará el crecimiento. Sin embargo, la productividad —el verdadero motor del desarrollo— sigue sin aparecer. La economía mexicana continúa atrapada en un ciclo de baja productividad laboral, escasa innovación y débil capital humano.
La propia distribución del gasto lo evidencia: educación recibe solo 0.34% de los recursos y salud 6.48%, mientras que más del 54% se concentra en energía. Sin mejoras sustantivas en educación, capacitación y tecnología, la infraestructura difícilmente elevará la productividad del trabajo o del capital.
Construir más no equivale a producir mejor.
La concentración del gasto en energía revive una fórmula ya conocida: alta inversión pública, bajo retorno productivo y presión fiscal creciente. En particular, los proyectos asociados al sector energético estatal arrastran dudas sobre rentabilidad, eficiencia operativa y sostenibilidad financiera.
Lejos de corregir errores, el plan parece profundizar una lógica donde la inversión se define más por prioridades políticas que por impacto productivo de largo plazo.
La creación de un Consejo de Planeación Estratégica encabezado directamente por la presidenta se presenta como solución a los problemas de ejecución. Sin embargo, la centralización de decisiones no sustituye la evaluación técnica, la transparencia ni la rendición de cuentas.
México no padece falta de supervisión, sino falta de resultados.
El Plan México apostaba a una mayor articulación con la inversión privada. Hoy, esa apuesta sigue fallida. La inversión privada permanece contenida por la incertidumbre regulatoria, la debilidad del Estado de derecho y un discurso oficial que oscila entre la invitación y la desconfianza.
Sin capital privado, sin reglas claras y sin certidumbre jurídica, la infraestructura corre el riesgo de convertirse en gasto público sin efecto multiplicador, incapaz de elevar productividad o competitividad.
El nuevo plan de infraestructura no corrige las debilidades del Plan México: las expone. Llega cuando el crecimiento es mínimo, la productividad está estancada y la inversión privada sigue ausente. Más que una estrategia transformadora, el plan parece un recurso de emergencia para sostener un proyecto económico que no despega.
La pregunta ya no es cuánto se va a invertir, sino cuántos años más puede México invertir sin producir mejor. Porque sin productividad, no hay desarrollo; solo obras, discurso y tiempo perdido.
@JErnestoMadrid
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