- La defensa presidencial a decisiones del Poder Judicial y los nombramientos del sexenio anterior reavivan las contradicciones de la llamada transformación austera, marcada por beneficios a una nueva élite política.
La promesa de austeridad que el nuevo gobierno federal ha reiterado como eje de continuidad con la administración de Andrés Manuel López Obrador enfrenta una contradicción persistente: mientras el discurso oficial insiste en que los excesos pertenecen al pasado, los hechos muestran que los privilegios no solo permanecen, sino que ahora se explican y se defienden.
Ernesto Madrid
Uno de los casos más representativos es el de Josefa González-Blanco, embajadora de México en el Reino Unido, nombrada durante el sexenio de López Obrador. De acuerdo con una investigación publicada por el diario internacional El País, la diplomática fue señalada por conductas de prepotencia y trato humillante hacia personal subalterno dentro de la embajada. Entre los testimonios recabados por el medio español se documenta un episodio en el que un subordinado fue obligado a arrodillarse como acto de sometimiento, una práctica incompatible con los principios del servicio público y la diplomacia profesional.
Pese a la gravedad de los señalamientos y a su amplia difusión internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó el caso al referirse a ellos como “hechos del pasado”. Sin embargo, González-Blanco permanece en el cargo a punto de ser sustituida por otro funcionario del antiguo régimen, lo que ha reavivado cuestionamientos sobre la congruencia entre la narrativa de transformación ética y la continuidad de perfiles asociados tanto a prácticas autoritarias como a linajes del antiguo régimen priista.
La embajadora proviene de una familia vinculada al expresidente Carlos Salinas de Gortari, figura emblemática del periodo político neoliberal que el obradorismo ha señalado reiteradamente como símbolo del pasado que se pretendía superar.
En paralelo, el discurso de austeridad volvió a ponerse a prueba con la adquisición de vehículos blindados para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con consultas de mercado, la compra de nueve camionetas representó un gasto aproximado de 15 millones 200 mil pesos, es decir, alrededor de 1.7 millones de pesos por unidad, considerando las adecuaciones de blindaje y mantenimiento.
La presidenta Sheinbaum defendió la operación al señalar que sustituyó un contrato previo de arrendamiento y que, según la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación tras consultar al Comité de Administración del Poder Judicial, la decisión habría generado un ahorro superior a los mil millones de pesos. No obstante, también subrayó que corresponde a la propia Corte informar públicamente si estas adquisiciones responden a riesgos o amenazas específicas contra sus integrantes.
El contraste resulta inevitable. Una de las ministras, Lenia Batres, se ha presentado públicamente como ejemplo de austeridad personal, al recordar que vivió en una vecindad y que rechazó los lujos asociados al cargo. Sin embargo, antes de esta nueva adquisición institucional, se trasladaba en una Chevrolet Suburban High Country, cuyo precio de mercado en ese momento rondaba los 2 millones 105 mil pesos, un vehículo de alta gama que dista del estándar promedio de movilidad de la mayoría de la población mexicana.
Mientras funcionarios como Hugo Aguilar reiteran que la austeridad sigue siendo un principio rector del gobierno, los datos muestran una aplicación selectiva del concepto. Los recortes y sacrificios se concentran en los niveles bajos y medios de la administración pública, mientras que en la cúspide del poder se normalizan gastos millonarios, se justifican compras de lujo y se relativizan conductas que antes eran motivo de condena política.
El patrón es consistente: privilegios que antes se denunciaban ahora se explican; prácticas que se señalaban como parte del viejo régimen ahora se administran bajo un nuevo discurso; y figuras que simbolizaban el pasado hoy conviven sin fricción con la narrativa de cambio.
En ese terreno, la austeridad deja de ser una política pública verificable y se transforma en un recurso retórico. Y cuando la congruencia se sustituye por justificaciones administrativas, la distancia entre el poder y la ciudadanía vuelve a ensancharse, esta vez bajo un gobierno que prometió no repetir la historia.
@JErnestoMadrid
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