- Mientras Claudia Sheinbaum celebraba en el Zócalo los siete años de la autoproclamada Transformación, en Michoacán un coche bomba explotaba a metros de una alcaldía. El error inicial de la FGR al clasificarlo como “acto terrorista” abrió dudas en México y en Estados Unidos sobre la verdadera dimensión del ataque y la relación del Estado con el crimen organizado.
Ernesto Madrid
El estallido de un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, no solo rompió la aparente calma de un municipio costero dedicado a la pesca y la producción de plátano. También sacudió políticamente a un gobierno que, en ese preciso instante, celebraba en la Ciudad de México los “siete años de la cuarta transformación” con un Zócalo repleto de “acarreados”, muchos de ellos pagados —según denuncias reiteradas— con montos que ya no oscilan en los tradicionales cien pesos, sino entre 500 y mil, debido al creciente desencanto ciudadano.
La celebración, convertida en ritual político del obradorismo, coincidió con uno de los episodios de violencia más graves del año. Y coincidió también con el primer tropiezo de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de la República (FGR): la clasificación inicial del atentado como un “acto terrorista”, una etiqueta que enciende las alarmas, particularmente en Estados Unidos, antes de que la institución rectificara y lo reubicara dentro de la delincuencia organizada.
La corrección ocurrió apenas semanas después de haberse presentado el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el 9 de noviembre de 2025, un programa cuyo sentido y alcance quedaron en entredicho tras la explosión del sábado.
Pese a la fuerza del estallido y al simbolismo del momento, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la cautela y pidió esperar el reporte del gabinete de Seguridad. Insistió en que solo la FGR tiene la facultad de tipificar el delito y que el criterio jurídico es lo que determina si se trata o no de terrorismo.
Aun así, sus declaraciones contrastaron con lo que repetía minutos antes en su discurso: “Los gobiernos de la Transformación no están vinculados con grupos delincuenciales, es falso una calumnia” dijo.
Un mensaje contundente… pero difícil de sostener cuando, del otro lado de la frontera, el mismo gobierno estadounidense ha colocado ya a siete organizaciones criminales mexicanas en la lista de Foreign Terrorist Organizations (FTO): Sinaloa, CJNG, Cártel del Noreste, Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, MS-13 y el Tren de Aragua de Venezuela.
La etiqueta no es menor. Bajo la ley estadounidense, designar a estos grupos como terroristas implica que cualquier ataque, operación violenta o expansión territorial asociada a ellos puede ser calificada como terrorismo internacional. Y el CJNG —grupo con fuerte presencia en Michoacán y acusado del homicidio al presidente de Uruapan Carlos Manzo— se encuentra al centro de esas preocupaciones.
El caso del Tren de Aragua, cuyos vínculos con el Cártel del Golfo han sido documentados, ilustra la gravedad del fenómeno. En abril de 2024, una investigación internacional reveló que miembros de esta red participaron en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, por orden directa del régimen de Nicolás Maduro. Es decir: operaciones transnacionales con fines políticos, ejecutadas por organizaciones ahora presentes en México.
En este contexto, que la FGR haya utilizado —aunque sea por horas— la palabra “terrorismo” para describir la explosión en Coahuayana no fue un detalle menor. Para Washington, podría significar que la violencia mexicana ha trascendido su propia frontera conceptual.
El Gobierno federal presume avances del Plan Michoacán: 932 detenciones, 23 toneladas de droga asegurada, 924 armas decomisadas y 17 laboratorios de metanfetamina desmantelados. También se anunciaron inversiones en infraestructura, escuelas y becas.
Pero la realidad es que la violencia no cede. De acuerdo con México Evalúa, 16 entidades permanecen en condiciones preocupantes y cinco muestran escenarios críticos: Baja California, Sinaloa, Morelos, Guanajuato y Tabasco.
En la última década: Los homicidios dolosos crecieron 35.7%, las víctimas de otros delitos contra la vida aumentaron 358% y las desapariciones subieron 268.6%.
La fragmentación criminal no solo continúa: se expande y se reproduce frente a instituciones débiles y estrategias federales centradas en el mero debilitamiento operativo del crimen organizado, sin fortalecimiento local.
Mientras la presidenta afirmaba que “la paz y la seguridad son fruto de la honestidad y de la justicia”, el estallido en Coahuayana recordaba que el país vive atrapado entre la violencia estructural y la negación oficial.
Más aún: mientras ella aseguraba que “las y los jóvenes están con la Transformación”, la realidad señalaba que el mensaje político parecía más dirigido a sus bases movilizadas que a un país sacudido por un atentado con características inéditas.
El debate no es solo jurídico. Es político. ¿Fue terrorismo? ¿Fue crimen organizado?
Lo que queda claro es que, clasificación aparte, el atentado evidenció la fragilidad del Estado mexicano, la insuficiencia de su estrategia y la distancia entre el discurso presidencial y la realidad del territorio.
Y dejó a la FGR, bajo el mando recién estrenado de Godoy, en el centro de una controversia que apenas comienza.
@JErnestoMadrid
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