- Demandan mujeres reforma procesal para que deudores alimentarios sean localizados y cumplan sentencias a favor de los hijos
Las mujeres en México enfrentan falta de protección por parte de la justicia ya que la mayoría enfrentan un litigio por demanda de alimentos o violencia doméstica, madres en situación de abandono, permanecen casadas durante años, en promedio 17.7, sin iniciar un proceso de divorcio ante la convicción de que, aun recurriendo a las autoridades, no lograrán obtener la restitución de sus derechos ni protección para ellas y sus hijos.
Ernesto Madrid
El 3% de estos casos llega a la etapa de ejecución y el 74% de los juicios en esta materia son abandonados antes de su conclusión, luego de años de litigio –en promedio seis– durante los cuales las demandantes no obtienen justicia ni pueden seguir financiando su defensa.
Por lo anterior, la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, presentó una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Con el fin de modificar las normas que permiten a los agresores evadir el cumplimiento de las sentencias en juicios de alimentos y controversias familiares, lo que agrava la violencia que enfrentan miles de mujeres y sus hijos.
La propuesta, que se presentó, en conjunto con La Colectiva “Caso 992” (Las Novias), que encabeza Ingrid Tapia, plantea modificar dicho Código para ayudar a las mujeres, especialmente a las que viven en condiciones precarias, a que tengan el apoyo de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECAS), durante los procesos de emplazamiento y determinación de la capacidad económica de los deudores.
La diputada Claudia Sánchez, aseguró que la Iniciativa de Ley es para abatir la gravedad del escenario descrito, pues reveló que, de acuerdo con estadísticas de los Tribunales Superiores de Justicia del país, el 97% de los juicios familiares, especialmente los relacionados con alimentos, son promovidos por mujeres.
La legisladora del verde ecologista señaló que, al erradicar la peligrosidad procesal, se garantizará que los agresores no puedan eludir las notificaciones judiciales y las sentencias se cumplan de forma efectiva, suprimiendo la impunidad que enfrentan miles de familias en nuestro país.
De acuerdo con la iniciativa, de los pocos casos donde se dicta una sentencia o pensión alimenticia provisional, apenas el 10 por ciento se cumple, siendo que uno de cada diez menores que tiene derecho a recibir una pensión logra recibir el cobro efectivo antes de alcanzar la mayoría de edad.En el caso de hijos de padres divorciados, tres de cada cuatro no reciben alimentos de su progenitor. Esta situación no solo perpetúa la vulnerabilidad económica de las familias, sino que agrava la violencia estructural que padecen.
La abogada Ingrid Tapia explicó que el diseño actual de las normas procesales facilita la evasión de los agresores y deudores alimentarios, quienes no solo eluden las notificaciones de los juicios, sino que también ocultan bienes e ingresos para evitar el cumplimiento de sus obligaciones.
Las normas procesales brindan facilidades a fin de que estos agresores oculten bienes e ingresos para evitar cumplir con sus obligaciones, por lo que la carga probatoria recae injustamente sobre las víctimas, quienes deben acreditar el domicilio de los agresores, su solvencia y sus bienes, lo cual resulta imposible para muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, la legisladora, en compañía de Tere Alanís, Regidora de Lerma; Ingrid de los Ángeles Tapia, lideresa de la colectiva Caso 992 y los activistas José Tapia y Magdalena Chichino, mencionó que con esta reforma se busca apoyar a las mujeres, que son cabeza de familia, a que no tengan que asignar recursos que pueden ser para sus hijos para cubrir los gastos de un juicio.
