- De cada diez delitos que se cometen, solo uno o dos llegan a la Fiscalía
Uno de los retos del anterior gobierno federal era lograr que las Fiscalías de los Estados fueran órganos autónomos, lo cual no se tradujo en la realidad, pues los fiscales siguen estando atados a los mandatos de los gobernadores, “en palabras francas, no hay autonomía de las Fiscalías en México, estos siguen sometidos, y siguen siendo vistos como parte de una administración estatal, afirmó la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho.
Ernesto Madrid
“En las fiscalías se tiene una gran deuda en lo que se refiere a la investigación de los delitos, no se está articulando lo que se hace en las policías, con las investigaciones, y en los datos se podrá reflejar los pobres resultados”, de acuerdo con la especialista.
De cada diez delitos que se cometen, solo uno o dos llegan a la Fiscalía y de esos que llegan, solo el 10 por ciento terminan en el Poder Judicial (tribunales) dijo al tiempo de señalar que la elección de los Fiscales (autónomos) y los Magistrados del Poder Judicial no se rigen por una carrera judicial sino por designaciones o dedazos, están sometidos a un tema de tipo político, que no debería de ser.
Ante esta situación hoy México está sumido en un serio problema de extorsiones, secuestros, homicidios, feminicidios, robos violentos, diferentes tipos de delitos que no se ven resultados, dado que nunca se logra articular una estrategia para su combate, sostuvo.
En el cierre de sexenio la justicia en México vive un momento por demás complicado, pues lo que ha salido a relucir a últimas fechas es que los sistemas judiciales viven una etapa muy crítica, aunado a lo que ocurre con las Fiscalías de los Estados, donde no existe una coordinación.
En pocas palabras, la integrante de México Evalúa dejo en claro que “El gobierno federal saliente nos quedó mucho a deber en materia de justicia pues a nivel nacional hubo una falta muy evidente de coordinación y colaboración, caso concreto en las fiscalías falto mucha coordinación y un verdadero liderazgo de la Fiscalía General de la Republica para poder implementar una persecución más efectiva de los delitos más importantes y que son de los llamados de alto impacto”.
Durante el sexenio de López Obrador, México vivió su periodo más violento: 198,903 víctimas de homicidio doloso, un 27.5% más que con Enrique Peña Nieto y un 65.5% más que con Felipe Calderón. En la última década, la criminalidad en el país ha cambiado radicalmente, y los indicadores ya no reflejan adecuadamente la realidad. El principal problema es el control territorial del crimen organizado, una amenaza al Estado de derecho que no se mide correctamente con la tasa de homicidios.
La realidad es que el 93.2% de los delitos que ocurren en México no se denuncian y el 96.3% de los delitos que se denuncian quedan impunes.
En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum asume su mandato con un amplio respaldo electoral y un virtual monopolio del poder, pero su nuevo gobierno tiene la oportunidad de reconstruir instituciones civiles más robustas solo que, al mismo tiempo, existe el riesgo de caer en un autoritarismo disimulado o evidente que se valga de la militarización como herramienta de control político, advierte México Evalúa.
