- El presupuesto de los organismos autónomos no es una carga en el presupuesto federal, únicamente representa el 0.05% del mismo.
El extinguir los órganos autónomos para transferir sus funciones a la administración pública federal, podría incrementar los riesgos de corrupción, la concentración de los mercados, elevar los precios y generar desabasto de bienes y servicios, advierte el organismo de la Sociedad Civil, México Evalúa.
Ernesto Madrid
Sin órganos independientes que tomen decisiones técnicas y transparentes, los ciudadanos enfrentarían retrocesos en acceso a información pública y protección de datos personales, señala.
En lo social, por ejemplo, dijo que la pérdida de autonomía podría comprometer el acceso de la población a información veraz y objetiva sobre los niveles de pobreza y desempeño del sistema educativo del país
Por lo anterior, México Evalúa expresó su preocupación ante la reciente dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que avanza en el proceso para aprobar la iniciativa del presidente López Obrador destinada a extinguir siete órganos constitucionalmente autónomos y transferir sus funciones a la Administración Pública Federal.
Esta medida incluye la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
En la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, se argumenta que dichos órganos son onerosos para el Estado, sin embargo, el presupuesto asignado a ellos para 2024, de 4 mil 534 millones de pesos, representa apenas el 0.05% del presupuesto federal.
También argumenta que dichas instituciones “no se han consolidado como entidades técnicas e imparciales, sino que han garantizado intereses privados, pues incluso, en varios casos el objetivo de los organismos fue para cooptar núcleos académicos, políticos, económicos y de representación social” (sic), solo que de acuerdo con México Evalúa, ese texto no proporciona una evaluación técnica completa y objetiva que sostenga las graves afirmaciones.
Por el contrario señaló que por ejemplo, esos órganos autónomos tiene facultades como la de reconectar a los ciclos políticos las funciones del Coneval y Mejoredu, cuyas autonomías garantizan objetividad en la evaluación de políticas sociales, incentivaría la distorsión en el reporte de los niveles de pobreza y de desempeño educativo en el país por lo que son indicadores cruciales que los votantes requieren para valorar su elección de candidatos a cargos públicos en tiempos electorales.
