Sólo con el empeño ciudadano, se podrá lograr que el Instituto Nacional Electoral (INE) cumpla con su función de recibir y contar los votos, ya que éste a perdido fuerza mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llega incompleto para calificar las elecciones en donde la ley contempla, cómo resolverlo.
Ernesto Madrid
El INE organiza, arbitra y fiscaliza las elecciones federales desde 1994, apoyado en personal de carrera y en ejército ciudadano a los que capacita en cada proceso para que reciban, escruten y cuenten el voto en casilla, solo que en esta ocasión a tres días de la elección el INE, -que ahora pasará de rosa a morado y por qué de una ves no guinda, para mostrar su ‘arrodillamiento’ al ejecutivo- no ha logrado completar el registro de personal crítico para garantizar la instalación y funcionamiento de casillas, el escrutinio del voto y la transmisión de datos para el conteo rápido.
El detalle se debe a la renuncia repentina de miles de ciudadanos que ya habían sido capacitados, y a la rotación extraordinaria de personal del INE, en parte por lo bajos sueldos de la política de austeridad, redoblada por el Instituto, por lo que el esfuerzo por encontrar relevos de estas últimas horas, es intenso pero es probable que el instituto se vea obligado a operar la elección con decena de miles de funcionarios tomados de la filas de electores esa mañana del 2 de junio y capacitados al vuelo cuya posibilidad está contemplado en la ley, sin embargo será delicado.
A lo anterior hay que sumar las funciones de arbitraje y fiscalización en donde el instituto a dejado pasar sin sancionar, numerosos actos adelantados de campaña y conductas irregulares de López Obrador aunado a que la fiscalización no ha levantado ninguna alerta antes de la elección lo cual es una señala clara de la fragilidad del INE provocada desde el poder Ejecutivo lo cual podría derivar en fallas operativas no decisivas el día de las elecciones.
Y ¿EL TRIFE?
En paralelo, el Tribunal Electoral (Trife) llegará al proceso electoral sin cohesión e incompleto, pese a que la ley contempla, como enfrentar este problema, debido a que en agosto de 2023 dos puestos quedaron vacantes de la Sala Superior del Trife que para suplirlos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió al senado dos ternas de candidatos idóneos, solo que a la fecha, la coalición mayoritaria (Morena-PT-PVEM) se negó a realizar la elección de los relevos por lo que la Sala Superior como las regionales, operan con vacantes, debido al partido en el poder.
No obstante, ante esto, la ley contempla que los magistrados de la Sala Superior deberán contemplar a los de la Sala Regional al de mayor a antigüedad o, en su caso de mayor edad para suplir las ausencias ya que la ley obliga a un quórum mínimo de seis magistrados electorales para la operación de la Sala Superior y confiere voto de calidad al magistrado presidente en caso de empate.
Lo delicado es que la intensa disputa entre los dos grupos al interior de la Sala Superior, lo que ocurrirá es que la presidenta se reservará la prerrogativa del voto de calidad y sin consenso la Sala Superior convocará a la magistrada decana Gabriela del Valle de Guadalajara para configurar el quórum legal de seis o al igual a la magistrada Claudia del Valle de Monterrey, la de mayor edad o sufrir el embate de que el Trife enfrente la elección sin cohesión interna.
