“No se puede denunciar a un mafioso que está protegido por un Poder Judicial” dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al recomendar a su hermano Pío Lorenzo López Obrador (PiLLO, por sus iniciales) que no enfrente, de manera legal al periodista Carlos Loret de Mola porque, además, no le va a dar los 200 millones de pesos que reclama.
Ernesto Madrid
Lo paradójico del caso es que el hermano del Presidente López Obrador demandó al comunicador por daños moral, al haber presentado sus videos recibiendo a escondidas dinero en efectivo en sobres amarillos y bolsas de papel, que reconoció iban para al movimiento y apalancar la ‘ambición’ del hoy presidente de la República en 2018.
Este martes, fue Loret de Mola y antes de que concluya el mes, será la autora del libro El Rey del Cash y el Gran Corruptor, Elena Chávez que tendrá que enfrentar a la ley, igual, por un daño moral, en dos expedientes de más de mil hojas, que le fabrico la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encabezada entonces, por Ernestina Godoy, “encargada de lavar la ropa sucia”.
Lo paradójico del caso es que la periodista, ya había sido notificada por la Tesorería de la CDMX de una multa de cinco mil pesos, por supuesto maltrato animal hace tres años, cuando por todo mundo es conocido el activismo de Chávez en favor del bienestar animal.
En el caso de Loret de Mola, el hermano de López Obrador, PiLLO, le pretende cobrar 200 millones de pesos por daño moral más 200 millones a la empresa en la que labora Latinus. A Elena Chávez, le exigen el pago de 40 millones de pesos por un delito cometido hace más de seis años, y coincidentemente cuando El Rey del Cash se convirtió en un best seller por sus altas ventas.
La demanda fue reactivada luego de que salió su segunda publicación El Gran Corruptor, por la misma fiscalía que se utiliza para las venganzas políticas, pero ahora encabezada por el abogado ‘al vapor’ Ulises Lara por lo que será sentada en el banquillo de los acusados, en el mundo al revés que se ha vuelto este Gobierno y con una demanda de tipo mercantil, que quieren hacer penal y que, de acuerdo con la ley, ya habría prescrito.
La periodista ya acudió a un perito psicólogo para constatar que el sujeto, dueño de los 38 perros golden decomisados en agosto de 2017 en un domicilio de Iztapalapa, y que era utilizado como criadero y expendio de estas especies, las cuales eran mantenidas sin agua y sin comida, demostrará que no está bien de sus facultades, mentales, porque en realidad luego de que se le regresaron los animales y a consigna de las autoridades, revivieron su caso, que porque mando a esterilizar a los animales que estaban en un resguardo en Morelos y para seguirlos explotando, en su condición de alcohólico y por eso reclama el daño moral.
La realidad es que la periodista no tiene para pagar esos supuestos 40 millones de pesos, que le exige la fiscalía, más no, el dueño de los perros, en dos carpetas de ese volumen, que le armaron en un mes, pero que, en realidad, un caso así, llevaría al menos ocho meses armarla y dos más en notificar; ésta tardó un mes con todo y notificación y unos cuantos días en ser reactivada.
Sin duda, es un acoso a los periodistas, a la liberta de expresión en un delito, clasificado como daño moral por las autoridades de la cuarta transformación que camina del Maximato al obradorato en dónde los acusados son diversos personajes allegados al presidente López Obrador, que Elena Chávez reveló y Loret de Mola a documentó en esquemas de financiamiento ilegales de Morena y tantos casos de corrupción en los que muchos tienen las manos metidas y se advierte que buscan fuero en posiciones legislativas, como lo es, la candidata presidencial oficial Claudia Sheinbaum.
