Bajo el argumento de que está en juego el proceso electoral en el país, no es el momento apropiado para discutir a profundidad las reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador este lunes ya que las iniciativas presentadas por el Ejecutivo y de aprobarse, ‘fragilizan las finanzas públicas y el régimen democrático, coinciden el sector privado y financiero del país’.
Ernesto Madrid
“Las 20 iniciativas de reformas a la Constitución y leyes secundarias, (que) impactan la estructura del gobierno, la división de poderes, al régimen democrático y la competitividad del país. En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas” detallo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por su parte Citibanamex dejo en claro que dichas iniciativas, “no muestran un diseño socialmente eficiente y equitativo. Varias de las propuestas tienen un costo fiscal creciente, inconsistente con la situación actual de las finanzas públicas y con su deterioro previsible, aún antes de estas propuestas”.
Añadió que un aspecto tranquilizador en términos fiscales, de marco económico de libre mercado, y de régimen democrático, es que las iniciativas sólo sean un elemento que se enmarca en la campaña electoral de este año, pese a que hay elementos que matizan tal interpretación como lo es el relativo al sistema de pensiones, los riesgos para su prevalencia actual han aumentado, aunque el escenario más probable es aún el statu quo de la coexistencia de los pilares actuales.
A su vez, el CCE aclaro que ya hicieron una revisión detenida del contenido de las iniciativas, y al hacerlo “argumentaremos a favor de la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que México forma parte”.
“En particular, las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional,-que- representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que hemos construido con contrapesos y equilibrios democráticos, y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos”, enfatizó.
LA PROPUESTA DE PENSIONES
En tanto, Citibanamex aclaró que en lo relativo a la propuesta de pensiones, muestra un diseño apresurado e inconsistente que no se enmarcan en una política social equitativa y buscan financiarse con potenciales fondos que solo pueden ser conseguidos en una sola ocasión, sin embargo, el problema es que las propuestas implican un costo fiscal anual, permanente y creciente, aunado que, buena parte de los fondos a que se alude ya están comprometidos, dado que hay un déficit fiscal creciente, independientemente de estas iniciativas.
Destacó que el costo se concentra en los nuevos pensionados del IMSS a los que les apliquen las leyes 1997 y 2007 en donde hay muy pocos trabajadores en el ISSSTE que se jubilen con la reforma del 2007 en los próximos muchos años mientas que, los del IMSS, la iniciativa, de forma un tanto sorprendente, no considera a los que ya se jubilaron en los últimos años con el régimen 97, sino solo a los nuevos pensionados en el futuro lo que reduce en el corto plazo el costo fiscal mientas la explosión demográfica en el largo plazo, la aumentará.
Otro elemento que limita ese costo fiscal es que el 100% del último salario para los trabajadores tiene un tope que estará fijo en términos reales (no subirá junto con el salario promedio), que es el salario promedio del salario actual de los adscrito al IMSS, puntualizo la banca.
Lo delicado del caso señaló, es que no hay en la iniciativa una visión más equilibrada de las modalidades del gasto social, ni tampoco de un enfoque para enfrentar la existencia del sector informal y la movilidad de los trabajadores entre formalidad e informalidad (que baja en mucho la densidad de cotización).
Además, no se presenta una justificación de por qué un jubilado requiere 100% de su último salario, a diferencia de lo que muestra la experiencia internacional y las amplias discusiones sobre las necesidades materiales de una persona de la tercera edad vs. una más joven y no se ve una consideración sobre el equilibrio en la atención pública a diferentes grupos de edad: el gobierno actual ha perdido de vista las necesidades de la niñez y se ha centrado demasiado en las de la tercera edad, así como en los pagos en efectivo incondicionales en lugar de la provisión de bienes y servicios de calidad.
