Cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que “no somos como los de antes, nosotros somos diferentes”, la realidad es que los datos muestran que su tendencia es igual o peor ya que durante 2023, el 80% de los contratos se entregaron por adjudicación directa.
Ernesto Madrid
Lo anterior se desprende de la vigilancia periódica sobre el gasto público que realiza Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en el proyecto de ‘Nuestro Dinero’, en el que desglosa los problemas en las compras del gobierno durante todo 2023.
En el documento, señala que, el gobierno de la ‘transformación’ aumentó de manera inusual los límites legales de montos para exceptuar las licitaciones públicas hasta en 153% lo que le permite entregar contratos cada vez más grandes por adjudicación directa o invitación restringida en lugar de por licitación.
Advierte incluso que IMSS, ISSSTE y DICONSA encabezan la lista de más dinero entregado por adjudicación directa con 97, 33 y 13 mil millones de pesos sin licitación, respectivamente.
Señala que Birmex, la misma empresa que se vio beneficiada con la MegaFarmacia, no tiene ni un solo documento para un contrato de más de 840 millones de pesos para adquisiciones de vacunas, en contraste, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía reportó más del 30% de sus contratos, en total 107, sin subir un solo documento.
En general, señala que, más de 8,600 contratos por adjudicación o invitación restringida no tienen una justificación de por qué no se hizo una licitación pública lo que sin duda, implica huecos de información en el gasto de más de 116,000 millones de pesos.
Lo anterior, como consecuencia de que, en 2023, el número de contratos en los que se publicó la convocatoria de licitación pública después de que inició el contrato fue el doble que en 2022.
Dicho de otra forma, unió de cada 4 pesos que se gastaron en contratos durante 2023 estaban mal clasificados en la plataforma CompraNet: se registraron como “otros”, en lugar de señalar si era licitación pública, adjudicación directa o invitación restringida.
Aunado a lo anterior, precisa que, en 526 contratos, no hay disponible ni un solo documento del proceso de contratación cuyos contratos suman más de 1,708 millones de pesos.
