México vive en un régimen republicano y democrático en el que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial que es el equilibrio por el cual, el Ejecutivo administra el gobierno federal y que tiene su base en la democracia.
Ernesto Madrid
Lo anterior lo realiza el Ejecutivo con base en lo establecido en la legislación, es decir en la Constitución, que es producto de lo que se aprueba en el Poder legislativo donde están los representantes de la sociedad y que ante todo contribuye para el bien de las y los mexicanos.
No puede haber un poder Legislativo a las órdenes del Ejecutivo porque ya no sería una República. Ni puede haber un Judicial que este al servicio del estado, porque ya no sería una democracia y al final, no sería congruente para que el Ejecutivo cumpla con lo que juro ante Congreso de la Unión.
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande." Ese detalle no puede pasar desapercibido por quién ostenta el Poder Ejecutivo.
Lo aprobado la noche de este martes en el senado de la República, en realidad no tiene como finalidad favorecer a la sociedad, ni tampoco se está quitando los beneficios de los ministros, porque ninguno de los fideicomisos es para beneficio en particular de algunos de los once que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La mayoría de ellos, que se ha dicho tienen privilegios, en realidad lo que generan esos fideicomisos son prestaciones para el grueso de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, estamos hablando de 53 mil 160 trabajadores de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia, realizado por el INEGI, en donde 89.6% por ciento están adscritos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es donde se ventila y resuelven la mayoría de los casos legales.
Es más, uno de ellos corresponde a pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, y es, por cierto, el que más recursos tenía entre los adscritos a la Corte: 2 mil 972 millones de pesos.
También hay un plan de prestaciones médicas para los trabajadores tanto en la SCJN como en el CJF. Lo cierto es que otros fideicomisos no tienen carácter laboral y tienen que ver con el proceso de administración de justicia que, de hecho, ninguno de los eliminados por el senado de la República y antes por la Cámara de Diputados tiene como propósito cubrir las prestaciones solo de los ministros de la Corte.
Quizás el que más abultado tiene el presupuesto es el de las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, cuyo monto es menor a los cinco mil millones de pesos, y el fondo para desarrollar la infraestructura que requieren las reformas en materia de justicia, digamos como los juicios orales, cuya cantidad ronda los cuatro mil millones de pesos.
Si usted me pregunta que va a suceder al final, yo le podría adelantar que van a enfrentaran recursos de inconstitucionalidad por parte de la oposición, los trabajadores y la sociedad civil.
De lo que se trata no es defender esos privilegios de la corte, y que no son, del todo, para los ministros en particular pero todo quedará, por lo menos hasta el 2024, como estaban, quizás donde haya que poner atención es que los ministros y magistrados no actúen en contra de los principios fundamentales de las y los mexicanos, pero eso ya será otra historia en la que tiene que ver con la otra estocada de la transformación del país.
