El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, de MC, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, para establecer como competencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) identificar y evaluar los riesgos para la salud humana que genere la implementación de políticas públicas en la materia.
Asimismo, en caso de que se tenga sospecha de que alguna política pública genere grave riesgo a la salud pública o no cuente con sustento científico contundente para su aplicación, la Cofepris tendrá la facultad de abolirla.
Establece que la Cofepris es un órgano autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad para cobrar y administrar los recursos por los pagos y servicios que realice.
La propuesta también indica que al frente de este organismo estará un comisionado, que será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del Senado de la República, a propuesta del Presidente.
Y para tal efecto, precisa, el Presidente de la República, por medio de la Secretaría de Salud, deberá realizar una amplia auscultación entre la sociedad científica y académica, para que con base en ello establezca una terna de candidatos para que la comisión o comisiones correspondientes de la Cámara de Senadores proponga al pleno de la misma para elegir a quien ocupe el cargo o, en su caso, ratifique al titular.
En la exposición de motivos, la iniciativa turnada a la Comisión de Salud señala que el objetivo es dotar de la autonomía técnica y presupuestal suficiente al órgano autónomo encargado de verificar y evaluar las políticas públicas en materia de salud, porque servirá como contrapeso.
Señala que el avance en la tecnología y los conocimientos en la medicina está generando que la perspectiva ética de los médicos sea cuestionada al momento de resolver problemas de diagnóstico y tratamiento de alguna enfermedad.
Ante esto, resulta esencial el reconocimiento de la ética médica como una parte fundamental del ejercicio de la profesión; es decir, se debe tener una conciencia amplia de la variedad de asuntos éticos en el manejo de los pacientes, sumando a esto la posesión de conocimientos y habilidades de comunicación para tomar decisiones médicamente adecuadas y que estas sean respaldadas por una ética justificada.
Por ello, el desarrollo de políticas públicas requiere de análisis y evidencia contundente para la toma de decisiones, por lo que estas dos características no deben contar con algún tipo de sesgo generado por datos contaminados o arbitrarios, porque ello derivará en políticas públicas inadecuadas e indefendibles.
