Se logra suspensión para no privar de libertad a conductores de plataformas digitales en BC
El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió la suspensión provisional de actos privativos de la libertad a siete representantes de plataformas digitales que se manifestaron contra las recientes modificaciones al Código Penal en el que contempla sanciones para conductores no registrados en Baja California.
La senadora Alejandra León Gastélum, dio a conocer que se apoyó a los conductores con la presentación de juicio de amparo colectivo ya que se violentaron sus derechos y garantías individuales por abuso de autoridad por parte del gobierno del Estado.
El acto reclamado consistió en la orden de comparecencia, detención, arresto y aprehensión, del cual, el Poder Judicial otorgó el 2 de julio la suspensión provisional de actos privativos de la libertad para Cynthia Aparicio, Alejandra Cabrera, Caín Ojeda, José Contreras, Hugo Córdova, Juan Solís y Fernando Mendoza.
El documento en concreto indica que “con fundamento en el articulo 128 de la Ley de Amparo se estima procedente conceder la suspensión provisional de los actos reclamados para efecto de que los quejosos (las 7 personas mencionadas), no sean privados de su libertad personal, hasta en tanto se notifique la resolución relativa a la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión”.
De tal manera, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que refiere el articulo 19 de la Constitución Política de México, la medida cautelar otorgada sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo.
Por su parte, Alejandra León reiteró que en “el tema de transporte vía plataformas digitales seguirá apoyando a los conductores”.
Asimismo, la senadora señaló que “no se quiere un gobierno represor en Baja California y no se debe criminalizar la libre manifestación”.
Cabe recordar que la semana pasada los conductores de plataformas digitales llevaron a cabo una manifestación a las recientes modificaciones al Código Penal en el que contempla sanciones para conductores no registrados.
Entre las peticiones que realizaron fue solicitar una mesa de diálogo con el mismo gobernador debido a las afectaciones que les han provocado los incrementos a las tasas impositivas y la falta de un reglamento para inscribirse a los padrones vehiculares que el mismo gobierno les exige.
Sin embargo, la administración de Bonilla prefirió criminalizar la manifestación de los conductores y a través de elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) en conjunto con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) que desalojaron de manera violenta a conductores de plataformas digitales quienes se encontraban en las oficinas de la Subrecaudación de Rentas del Estado en Mexicali como medida de protesta ante las reformas al Código Penal.
