El asalto del gobierno de Ecuador a la Embajada de México en Quito fue una operación dirigida por el gobierno de Estados Unidos, informan fuentes radicadas en ese país.
Según trasciende en medios de prensa, el principal objetivo de la operación era crear una estrategia político-electoral orientada a reforzar la imagen del actual presidente de la nación sudamericana, Daniel Noboa.
En segundo lugar, la maquinación del gobierno norteamericano buscaba afectar de manera negativa al mandatario Andrés Manuel López Obrador, pues el partido Morena lleva la delantera en la contienda electoral en México. Tras el asalto, las fuerzas de oposición comenzaron a manejar líneas de ataque y crisis en torno a su administración.
Para quienes ejecutaron las acciones, el mensaje a transmitir era claro: el gobierno de Noboa está dispuesto a cruzar cualquier línea roja para aplastar al correísmo y hacerlos desaparecer como fuerza política. Le informaron a Noboa que “una posible fuga inminente de Jorge Glas, similar a lo ocurrido en 2023 con la exministra correísta María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba refugiada en la Embajada de Argentina, pondría en ridículo su gobierno y sepultaría su aspiración de reelección, con una derrota casi segura en la consulta popular”, advierte el analista Katu Arkonada.
Este incidente ha suscitado reacciones de varios organismos internacionales. La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la violación de la inmunidad diplomática y llamó a respetar el derecho internacional. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su alarma por el uso de la fuerza en contextos diplomáticos y subrayó la importancia de proteger los derechos humanos en situaciones de crisis política. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) también se pronunció, instando a las partes a resolver sus diferencias mediante el diálogo y el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estos organismos recalcaron la necesidad de investigar los hechos de manera transparente y asegurar que los responsables rindan cuentas.
