El director del AICM, el capitán José Ramón Rivera Parga, ha sido señalado de emitir "amenazas veladas" contra más de diez empresas permisionarias del servicio de taxis que operan en la terminal aérea.
Por la redacción, Ciudad de México.- La gestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), encabezada por el capitán José Ramón Rivera Parga, se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de ejercer presiones inaceptables contra más de diez empresas permisionarias de taxis que operan en la terminal. ¡Se denuncian "amenazas veladas" para obligarlas a ceder ante las condiciones impuestas por los gigantes internacionales Uber y Didi!
Esta escandalosa situación surge en medio de una creciente controversia entre los taxistas concesionados y las plataformas digitales, que son señaladas como una competencia que los taxistas consideran desleal. Las empresas de taxis tradicionales, con décadas de servicio bajo regulaciones estrictas, se ven ahora amenazadas por condiciones que, a todas luces, favorecen descaradamente a las multinacionales, poniendo en jaque su propia subsistencia y desestabilizando el mercado.
El capitán Raúl Enrique Aguilar, subdirector de Terminal y de Supervisión de Transporte Terrestre, se ha convertido en el principal ejecutor de estas presiones, intensificando las gestiones para que las empresas permisionarias claudiquen ante las exigencias de Uber y Didi. ¡Es una vergüenza que funcionarios públicos actúen como agentes de intereses privados extranjeros!, aseguran.
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Durante la segunda semana del 2025, Rivera Parga y Aguilar han sostenido reuniones con los propietarios de las compañías de taxis, ¡prácticamente obligándolos a negociar con Uber y Didi! El objetivo, según fuentes confiables, es claro: doblegar a las empresas concesionadas para que acepten las condiciones de venta de boletos de las plataformas digitales y, lo que es aún más grave, ¡para que se abstengan de denunciar las flagrantes violaciones a la ley mexicana en las que incurren estas empresas!
Los permisionarios del AICM han denunciado con justa indignación este claro favoritismo de las autoridades aeroportuarias y del propio Gobierno Federal hacia Uber y Didi. ¡Señalan directamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por dar su aval a esta situación, permitiendo que estas empresas operen en condiciones que violan abiertamente el artículo 8 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal!
Este artículo, que establece las bases para la regulación del transporte terrestre en zonas federales, incluyendo los permisos y licencias necesarios, está siendo pisoteado por Uber y Didi, quienes, según los concesionarios, operan impunemente dentro de la Zona Federal del AICM sin cumplir con los requisitos legales. ¡Es un atropello a la legalidad y una traición a los trabajadores que han cumplido con la ley!
La situación en el AICM es alarmante. Se acusa a las autoridades de coaccionar a los taxistas para beneficiar a empresas extranjeras, ignorando la ley y poniendo en riesgo la estabilidad económica de cientos de familias. ¡Es necesario que se investigue a fondo esta situación y se castigue a los responsables de este atropello!
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Esta denuncia revela una preocupante dinámica donde el supuesto interés público se pervierte para favorecer a intereses privados transnacionales, a costa del sustento de cientos de familias mexicanas. No se trata simplemente de una disputa entre taxistas y plataformas digitales; es un ataque directo a la economía de hogares que, durante años, han construido su patrimonio y garantizado su ingreso a través del servicio de taxis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Los afectados han cumplido con regulaciones, han soportado el pago de tarifas abusivas, revisiones constantes y diversas restricciones, invirtiendo tiempo y recursos para operar dentro del marco legal. Ahora, se enfrentan a la posibilidad de perderlo todo ante una competencia que, según denuncian, opera bajo condiciones de clara ventaja, con el presunto aval de las propias autoridades. Esta situación genera una profunda incertidumbre y un grave daño al tejido social, pues se vulnera el esfuerzo de quienes han apostado por la legalidad y se les expone a una precarización económica que impacta directamente en su calidad de vida y en la de sus familias. Indudablemente, la sombra de la corrupción y el tráfico de influencias se cierne sobre esta situación, dejando una profunda herida en la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones.
