La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular con 318 votos a favor y 2 abstenciones, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de derechos humanos de adultos mayores en los centros penitenciarios para establecer que las cárceles deberán contar con un registro de personas de más de 60 años que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación.
El dictamen de la Comisión de Justicia que adiciona el artículo 35 Bis a la ley, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Precisa que la autoridad penitenciaria implementará políticas públicas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos en condiciones de igualdad respecto al resto de la población en internamiento.
Al fundamentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), señaló que de acuerdo al Consejo Nacional de Población, el número de adultos mayores asciende a 13 millones y crecerá cada vez con mayor velocidad.
Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, el cambio en el porcentaje de este sector pasó de 6.2 en 1990 a 10.5 por ciento en 2017; se duplicó en 30 años, creando una tendencia generacional que significará uno de los cambios sociales que impondrá nuevos retos y desafíos para las políticas en materia de salud pública.
Las personas adultas internas en penales constituyen un sector vulnerable. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en diversos diagnósticos penitenciarios ha señalado las deficiencias en su atención, principalmente en la garantía de acceso a la salud y alimentación, así como ciertas condiciones que propician una mayor vulnerabilidad y desventaja con respecto a otros internos.
En este sentido, Ortega Martínez dijo que no existe información que permita conocer la cantidad de personas mayores en reclusión, ni sus condiciones generales de acceso a la salud.
La reforma tiene el objetivo de que las autoridades penitenciarias implementen políticas públicas que garanticen el pleno respeto a los derechos de este sector; en este sentido, el Poder Ejecutivo Federal, así como los respectivos de las entidades federativas contarán con 180 días para realizar las adecuaciones conducentes a través de su normatividad reglamentaria.
“Con estas disposiciones se podrá contar con información oficial que permita conocer el estado real de las personas mayores internas y con ello se podrán tomar mejores decisiones en materia de salud y acceso a una vida más digna”, subrayó.
En los posicionamientos, el diputado Armando Contreras Castillo (Morena) expuso que la falta de condiciones de vida digna en los penales representa uno de los mayores retos en materia de derechos humanos. En 2017 había 5 mil 846 adultos mayores de 60 años en cárceles mexicanas; 234 mujeres y cinco mil 612 hombres. “Para ellos su edad es una seria desventaja y los vuelve más vulnerables debido a que los penales no toman en cuenta su condición”.
Añadió que es pertinente atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, garantizar una vida digna a todos los reclusos del país, pero, sobre todo a las personas adultas mayores. La reforma, dijo, contribuye a la recolección de datos e información necesaria para el ejercicio de un buen gobierno y capaz de dar respuesta a sus ciudadanos y generar políticas públicas basadas en evidencias.
Su compañero de bancada, diputado Humberto Pedrero Moreno afirmó: las graves condiciones que padecen los adultos mayores en las cárceles confirman las carencias en que se encuentran en materia de salud, alimentación y estancia digna de acuerdo a su edad.
En general, por lo avanzado de la edad y los años pendientes para terminar su condena, es probable que no logren pasar mucho tiempo en libertad en lo que les queda de vida; por lo que es obligación del Estado garantizarles las condiciones necesarias para llevar una vida digna durante su condena. “Estas necesidades de atención requieren que sean atendidas de manera urgente para que tengan las mismas condiciones y garantías que el resto de las personas en reclusión”.
Por el PAN, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez subrayó que es fundamental que aquellas personas privadas de su libertad, en etapa de vejez, cuenten con la garantía de ejercer sus derechos, y que los centros penitenciarios tengan un registro que contenga padecimiento, situación médica y condiciones generales de personas adultas mayores recluidas en los mismos.
Calificó trascendental llevar un control de su alimentación y atención médica geriátrica. “Este registro, posibilitará la aplicación de políticas públicas que faciliten y apoyen al adulto mayor en reclusión dignificando su estancia y erradicando posibles abusos por parte del sistema. La reforma traerá la posibilidad de lograr una convivencia digna en los centros penitenciarios”.
La diputada del PRI, Martha Hortencia Garay Cadena mencionó que para el Estado, un foco de atención deben ser las personas adultas mayores recluidas en centros penitenciarios. “Espacios de por sí saturados en los que este segmento está más expuesto a la discriminación, a la violencia y carencias de servicios básicos como alimentación adecuada y salud. La población de más de 60 años en estos centros va en aumento”.
Las proyecciones a mediano y largo plazo hacen urgente conocer con mayor detalle y dar seguimiento a la salud y condiciones de vida de los reclusos en edad avanzada. “Con esta reforma dotaremos de las herramientas para que el Estado sepa a detalle la información que requiere para implementar políticas públicas al interior de los centros penitenciarios. Es urgente hacerlos más humanitarios, sólo de esta forma se podrá garantizar una efectiva reinserción social”.
Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada del PES, expresó que si bien la mayoría de los adultos mayores se encuentran en condición de vulnerabilidad, esta situación aumenta en aquellos privados de su libertad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2017 existían más de 5 mil personas en este contexto.
Con este dictamen, se da cumplimiento a las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y “nos hace cumplir nuestro deber de cuidado que tiene el Estado con las personas en reclusión, especialmente los grupos vulnerables, personas de la tercera edad. Deben ser tratados con dignidad, independientemente de su conducta”.
Del PT, la legisladora María Roselia Jiménez Pérez, puntualizó que votarán a favor porque se deben procurar los medios que garanticen que las personas en reclusión gocen de un trato distinto, en atención de su edad y características de eventual vulnerabilidad.
“Nos parece que la propuesta del dictamen es acorde en el establecimiento y garantía de los derechos de las personas adultas mayores”, afirmó.
La legisladora Kehila Abigail Ku Escalante (MC) precisó que independientemente de que estén recluidos, sus derechos como integridad, dignidad, salud, alimentación, certeza jurídica, están vigentes; lamentablemente aún no se cuenta con políticas públicas para este sector.
Por ello, esta reforma puede ser un parteaguas en la creación de normas, instrumentos, instituciones y demás que coadyuven en su cuidado. “Me congratulo que esta iniciativa se enfoque en ese sector tan desprotegido. Siempre nos hemos manifestado a favor de las propuestas que tengan como un objetivo real el beneficio de una población tan importante como lo son nuestros adultos mayores”.
La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) llamó a tener conciencia de las graves condiciones que éstas personas tienen que afrontar debido a los autogobiernos en las cárceles, la corrupción de las autoridades penitenciarias, así como el hacinamiento y falta de circunstancias que les garanticen una vida digna mientras pagan su deuda con la sociedad.
“Celebramos esta reforma porque estamos obligados a defender los derechos de las personas adultas mayores, expresamos que el voto del grupo parlamentario será a favor”, agregó.
Al hablar a favor, la diputada María Elizabeth Díaz García (Morena) señaló que se desconoce de manera puntual en qué condiciones se encuentran los adultos mayores, debido a la falta de registro en lo que respecta a las necesidades de salud, educación, alimentación, capacitación, entre otras. “Debemos promover una vida digna para esta población que se encuentra en reclusión”.
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado del PES, resaltó que esta reforma sentará las bases para generar condiciones idóneas para los adultos mayores privados de su libertad. “Nos ha quedado claro que no existe una verdadera cultura en materia penitenciaria y lo más dramático es que se carecen de las condiciones óptimas para que la reinserción social sea una realidad”.
El diputado de Morena, Rubén Cayetano García mencionó que las autoridades de estos centros no han instrumentado acciones encaminadas a salvaguardar los derechos de los adultos mayores. Por ello, la propuesta es necesaria porque sin importar el estado jurídico de las personas, sus necesidades deben ser atendidas. “El Poder Legislativo tiene la obligación de garantizar la protección de sus derechos humanos”.
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Posteriormente, concluyó la sesión y se citó para mañana jueves 11 de abril, a las 11:00 horas.
