Detrás del delito de trata de personas hay una realidad, la negligencia del Centro Nacional de Inteligencia, de la Guardia Nacional, del Ejército, del Instituto Nacional de Migración, de la fiscalía general de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que el esfuerzo local y federal es absolutamente insuficiente y decenas de miles personas están condenados a la trata de personas.
Por: Ernesto Madrid
Lo anterior se desprende del análisis del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y el Consejo Nacional para la Seguridad y Justicia (CCSJ), que destacan que el reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Ciudadana del gobierno federal (SESC), los reportes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas de la secretaría de Gobernación, en su conjunto, no consolidan ni información suficiente ni acciones precisas en contra de este delito.
De acuerdo con la posición del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto el delito de trata de personas no se puede entender “sin la participación de autoridades, sobre todo a nivel municipal, protegiendo a los grupos delictivos; no se puede explicar sin la corrupción judicial, la ministerial y la policial, que no permite generar un ‘blindaje’ jurídico’’.
Lo anterior contrasta con los reportes de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal en materia de trata de personas, en donde observamos que las cifras son casi inexistentes en sus datos de agosto de 2022 comparados con datos de 2018, dicho de otra forma, el delito de trata de personas no existe para las actuales autoridades federales ni mucho menos estatales.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia (CCSJ), se han generado 3 mil 338 denuncias solo en esa instancia de las cuales un 13.9% corresponden a explotación laboral, 3.6% a mendicidad forzosa, 3.6% a utilización de menores de 18 años en actividades delictivas, 1.5% a matrimonio forzoso y 1.5% a adopción ilegal de menores de 18 años.
En este periodo, ha detectado cuatro formas predominantes de enganche de víctimas: ofertas de empleo en un 35% de los reportes, participación de integrantes de algún familiar en un 17%, promesas de ayuda con 9% y enamoramiento con 8%. Los tratantes captan a sus víctimas en un 62% a través de contactos personales, en 12% por redes sociales y 5% por anuncios publicitarios.
En este contexto, ONG’s dedicadas a combatir estos delitos señalan que la mayoría de los casos identificados de corrupción asociados a la trata, implican la facilitación de operación del lugar de explotación, así como la facilitación de ingreso al país para las víctimas y, en general, la expedición de documentación, sin que se cumplan los requisitos lo que no sería posible sin los agentes públicos que generan ‘anillos de protección’ en diferentes niveles de gobierno para que se consoliden las redes de explotación en contubernio con el crimen organizado.
Ante esto cabe señalar que el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) documentó la presencia de 150 grupos criminales que operan en todo el país —la mayoría de ellos surgidos de la fragmentación de grandes organizaciones delictivas del pasado— y que ya no se dedican solo al narcotráfico, sino también al robo, la extorsión, el comercio al menudeo de productos y sustancias ilícitas y la trata de personas, de esas agrupaciones, 51 tienen presencia en la Ciudad de México.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica ocho actividades principales del crimen organizado: tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de recursos naturales, comercio ilegal de flora y fauna, venta de e medicamentos adulterados y delincuencia cibernética.
Lo delicado es que los grupos que realizaron dicha actividad están identificados como: La Unión Tepito (activa en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), activo en Guanajuato. Ambos grupos incursionaron en la trata con fines de explotación sexual, que siguen operando sin ninguna restricción por parte de las autoridades.
La razón, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), porque la titular de la SSPC Rosa Icela Rodríguez Velázquez, no hay voluntad para identificar este delito y solo se dedica a ‘dar golpes mediáticos sin ninguna solución de fondo’, mientras que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero está más envuelto “escándalos de corrupción y temas políticos”, que atender investigación de delitos como éste.
Es decir, no se está enfrentando las causas de fondo, como podría ser el caso de las mineras, donde los trabajadores viven una explotación laboral como quedo de manifiesto luego de los 10 mineros atrapado en la mina de Villa de Agujita municipio de Sabinas, Coahuila el mismo de 2006 en Pasta de Conchos.
Son casos donde se tipifica la trata de personas en donde son sometidos a la esclavitud, condición de siervos, explotación laboral, trabajo forzado, mendicidad forzada, en precarias condiciones y sin ninguna seguridad más que, ‘una lampara, unos guantes y unas botas que aguanten’.
Por eso es importante combatir no sólo las estructuras financieras, sino la corrupción política y empresarial que les da cobijo.
