Ante la postura de diversos analistas, abogados y empresarios de que la propuesta del presidente de enviar a la Guardia Nacional al ejército es un golpe de estado a la Constitución y el reconocimiento de que la estrategia de seguridad de ‘abrazos no balazos’ no alcanzó a la sociedad, se preparan los documentos para las reformas constitucionales que aprueben, sino por decreto si por la vía jurídica, las normas que rijan al cuerpo ‘élite’ del mandatario.
Por: Ernesto Madrid
Dicho de otra forma, para que en el gobierno federal se reconozca que su estrategia de seguridad fracaso se estará regresando al ejército a las calles del país, como lo hicieron Calderón y Peña Nieto, pero está vez bajo el marco jurídico y bajo el argumento de que es necesario su presencia, quizás, para pacificar al país.
No obstante, en los hechos estaríamos hablando de otra falacia presidencial porque la integración de la GN siempre fue con soldados al servicio del general Luis Rodríguez Bucio, pese a que, en su campaña, el mandatario habría criticado las estrategias de seguridad con militares en las calles que ‘no deberían de estarlo’, incluso había prometido llevarlos a los cuarteles para proteger su dignidad, esto jamás ocurrió.
Por ello, los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que para no quebrantar lo plasmado en nuestra Constitución, es que exista una iniciativa de Reforma Constitucional en la materia; que ésta pase al Poder Legislativo y ahí se discuta, pues es claro que un poder -en este caso el Ejecutivo- no puede tomar atribuciones que no le corresponden.
Pero todo indica, que los ‘representes del pueblo’ a través del Congreso de la Unión, no lo harán a favor de los intereses que han llamado ‘caprichos’ del presidente, incluso ni de la sociedad, sino de sus propios intereses partidistas que se ven reflejados, de cara a los procesos electorales que se aproximan y de espaldas a la sociedad que los coloco en sus curules luego de las derrotas consecutivas que han ocasionado sus abusos en el poder, frente a los votantes artados de corrupción y privilegios con que ensañaron contra los mexicanos.
Para los constitucionalistas, como ya se ha dicho hasta el cansancio, el carácter de esa corporación es estrictamente civil, y así lo establece el artículo 21 de nuestra Constitución por lo que si el mandatario emite el acuerdo a su modo se estaría trasgrediendo la carta magna, además de que -en términos políticos- la medida sería completamente antidemocrática.
En este contexto, han señalado que un decreto estaría viciado constitucionalmente, y tendría que combatirse en Juzgados y Tribunales, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es decir, que quizás, vendrán decenas de litigios impugnando y para poder revertir la propuesta del ejecutivo, lo más efectivo sería una Acción de Inconstitucionalidad o una Controversia Constitucional que podrían promover diputados y senadores de oposición, así como gobernadores de los estados o presidentes municipales, sobre todo inconformes con las acciones del presidente y ante la Suprema Corte de la Nación.
Lo que queda claro es que hoy en nuestro país vivimos una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la actual administración, una cifra de homicidios dolosos que sobrepasa los 130 mil 455 casos; es decir, 99 víctimas de homicidio por día, lo que confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar, que coadyuve con las autoridades estatales y municipales, las cuales están o muy alejadas de la realidad o más comprometidas con los cárteles de las drogas.
Otros hechos que no pueden pasar desapercibidos son es el error, descuido o desacierto de las fuerzas especiales del Ejército en la zona metropolitana de Guadalajara, donde desplegaron un operativo para capturar a Ricardo Ruiz Velasco, apodado ‘El Doble R’, responsable del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación y termino en una ‘pena’ porque era evidente que alguien les informó del operativo por lo que realizaron acciones de bloqueo para estorbar y retrasar el paso de los vehículos militares, y dar tiempo para que escapara al ‘Doble R’.
Algo similar a lo que ocurrió a finales de 2019, pero con el atenuante de que en aquella ocasión elementos de la Policía Federal si detuvieron, sin derramar sangre, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo´’ Guzmán, pero la táctica para resguardarlo les falló y el Cártel de Sinaloa la pudo librar doblegando al Ejército en poco menos de una hora que estuvo detenido Ovidio para regresar a su guarida y se exonerado por el presidente.
Por eso muchos sectores han hecho el llamado al poder Ejecutivo para buscar, en todo caso una estrategia integral con énfasis en la profesionalización de los cuerpos policiales, y la consolidación de la Guardia Nacional con mando civil y no con improvisaciones y soluciones inmediatas porque lo que debe de imperar, es el Estado de Derecho, el cual ha sido vulnerado ya, en varias ocasiones y es evidente que los ‘abrazos no balazos’ fracasó.
