Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene al ejército en su bolsa, en materia de seguridad se han descuidado las estrategias ya que el caso del asesinato del Juez en Colima, Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas apunta a un descuido del gobierno federal en las tácticas.
Ernesto Madrid
De acuerdo al Gran Angular de Raúl Rodríguez se trata de una grave falla en los servicios de inteligencia que llevó al asesinato del juez que ordenó, en 2018 el cambio de Rubén Oseguera González ‘El Menchito’ del penal 13 de Oaxaca –donde estuvo antes de ser extraditado a los Estado Unidos- a la cárcel 2 de Occidente en El Salto, Jalisco.
No se trataba de cualquier preso, sino del hijo de Nemesio Oseguera El Mencho cabeza del violento Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el gobierno federal paso desapercibido luego de que el jueves pasado en una reunión del gabinete de Seguridad Nacional se presentó una grabación de una llamada telefónica de presuntos sicarios de dicha organización criminal interceptada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El detalle estuvo en que la grabación mostrada, no fue compartida de manera oportuna, con los otros poderes de la Unión, lo que los ato de manos, para poder reforzar la seguridad a otras posibles víctimas y sólo se limitaron a reforzar la seguridad del presidente y los funcionarios que han estado involucrados en la últimas acciones en contra del CJNG.
Se olvidaron de los otros poderes, así de sencillo y no pensaron más allá, sólo en el canciller Marcelo Ebrard quién firmó la extradición, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto por las acciones emprendidas contra las finanzas de la organización delictiva, Omar García Harfuch, titular de seguridad en la CDMX, por los golpes en su contra por narcomenudeo en la capital del país y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo , quien encabeza la ‘estrategia’ antinarcóticos del gobierno federal.
Ante esto, la seguridad del Sr. López Obrador fue reforzada en su gira por los estados Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, que ha estado bajo estricta vigilancia militar y las pernoctas se realizan en cuarteles militares y ahora no quedan más las que las palabras del mandatario, que sale sobrando.
"La intimidación no procede, porque nosotros tenemos como encomienda, mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y no vamos nosotros a ceder ante ninguna amenaza, ninguna intimidación, nada nos va a detener para limpiar de corrupción el país, que haya justicia, y se garantice la paz. Ese es el propósito", que por lo pronto mantuvo agazapados a los principales funcionarios, olvidando a los representantes de otros poderes, como lo es el judicial.
Tal parece que al mandatario solo le interesan sus programas sociales y sus ‘caprichos’ que construye la milicia, a la que ha convertido en un modelo industrial, con la diferencia de que en el primer caso solo le va a generar clientes electorales no productivas y en el segundo ingresos y crecimiento en un país.
En el fondo, el mandatario está más preocupado por lo que va a suceder en las elecciones intermedias del 2021, que en detalles de seguridad nacional, en donde no sólo importa el poder ejecutivo sino que también se involucra al poder legislativo y sobre el judicial que la organización criminal ya cobro una víctima y suena solo, a una advertencia.
